CIRCULAR Nº 9/00 de 2 de Febrero de 2.000

REPERCUSIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LOS CONSEJEROS DE SEGURIDAD.

Como ya se dijo en la nota de esta asesoría (JUR-F-06/99 de 21.10.99) el Real Decreto 1566/1999 puede afectar a las empresas transitarias en la medida en que realizan la carga y descarga de mercancías peligrosas o, en muchos casos, son responsables de esas operaciones. Ello parece conllevar la obligación para nuestras empresas de disponer de los llamados Consejeros de Seguridad en el caso de intervenir en manipulaciones de mercancías peligrosas.

El problema se plantea en relación a qué ocurre si ese Consejero de Seguridad se equivoca o no cumple adecuadamente su función y la transitaria se ve implicada en un siniestro dimanante de ese error o incumplimiento. En este sentido, el artículo 6 del citado Real Decreto aparece, en principio, muy claro pues, según dicho precepto, los Consejeros de Seguridad realizarán su cometido bajo la responsabilidad de la dirección de la empresa. Por consiguiente, la dirección de la empresa, y, por tanto, la empresa son responsables de la actuación del Consejero; y, obviamente lo tienen que ser frente a los perjudicados por el error o equivocación del profesional contratado al efecto; e incluso parece que también deberían serlo frente a la autoridad que tenga la oportuna competencia para sancionar una infracción de la reglamentación sobre transporte o manipulación de mercancías peligrosas.

A pesar de que el tenor literal del mencionado artículo 6 es muy claro, no cabría, quizás, tener en cuenta determinados matices, sobre todo en cuando a la responsabilidad extracontractual, es decir, frente a terceros ajenos a la relación contractual entre el transitario y su ollente.

Debemos partir de la base que el Consejero de Seguridad es, en teoría, un técnico especialmente cualificado, cuya obligatoriedad obedece, precisamente, a que los conocimientos que se le suponen en cuanto a los riesgos que implica la logística de mercancías peligrosas, no están al alcance de aquellos que simplemente ostentan los títulos que habilitan a realizar u organizar transporte. En otras palabras, la razón de la existencia del Consejero de Seguridad es su superior conocimiento en cuanto a las materias que le conciernen, de forma similar a un arquitecto, un ingeniero, etc.

Por consiguiente, y en términos muy llanos, parece que quién debería ser responsable de que la empresa “trabaje bien” en el ámbito de las mercancías peligrosas es el Consejero de Seguridad y no al revés. Resulta de difícil comprensión que alguien deba supervisar la actuación de un tercero cualificado especialmente, cuyos criterios y decisiones están avalados, en cierta medida, como superiores por la normativa de aplicación a la materia en cuestión. Llegados a este punto la pregunta es si podría la empresa desoír deliberadamente a su Consejero de Seguridad si, a su particular criterio, entiende que los consejos o directivas específicamente señalados por éste son erróneos. Desde luego, no parece que el Real Decreto 1566/1999 vaya por ese camino, si no más bien por todo lo contrario.

Dado lo reciente de la introducción de la figura del Consejero de Seguridad no existe ninguna clase de jurisprudencia en cuanto a los límites de su actuación, responsabilidades del mismo o de las empresas que utilizan sus servicios. No obstante, si que se han dictado sentencias en relación con las responsabilidades de determinadas empresas derivadas de la intervención de ciertos técnicos superiores; sentencias que entendemos que tal vez podrían llegar a ser susceptibles de una aplicación analógica al caso que nos ocupa y que pueden contribuir a aclarar la posición jurídica del transitario ante la eventual negligencia de su Consejero de Seguridad.

En estas sentencias, y siguiendo el planteamiento que hemos expuesto anteriormente, el Tribunal Supremo viene a decir que no se concibe el que se deba controlar o vigilar las funciones de técnicos superiores por las personas que los contratan por no estar estas últimas capacitadas para llevarlas a cabo. Así mismo, indica que para la atribución de responsabilidad a la empresa o particular en caso de negligencia de ese técnico superior o cualificado debe cumplirse el requisito de que el dueño del establecimiento o empresa tenga al causante bajo su dirección y control, existiendo una relación jerárquica o de dependencia entre el ejecutor del daño y la empresa o persona a l que se exija responsabilidad.

Todo ello, nos lleva a concluir que en el caso de que el Consejero de Seguridad sea el director o titular de la empresa o personal de la misma designado por aquél (de acuerdo con lo previsto en el artículo 4, apartados “a” y “b” del Real Decreto 1566/1999), es inevitable la atribución de responsabilidad al transitario por negligencia o fallos en las funciones del Consejero de Seguridad, puesto que, en cierta manera, es la propia empresa quien ejerce de Consejero de Seguridad. Sin embargo, si la función de Consejero la desempeña un profesional independiente o “free-lance” esa atribución podría dificultarse en la medida que se ha expuesto. En cualquier caso, conviene ser muy cautelosos a la hora de examinar la cuestión puesto que no existen aún precedentes jurisprudenciales.

Finalmente, por lo que concierne a la valoración económica de los servicios del Consejero de Seguridad ha de estarse a lo que disponga el mercado. Además, junto al precio del servicio, conviene tener en cuenta el precio del seguro de responsabilidad civil que, entendemos indispensable, para quien ejerce la función del Consejero de Seguridad, sobre todo si quien la lleva a cabo es director, titular o personal de la empresa transitaria, cuyos errores u omisiones serán imputados directamente a la empresa casi con total seguridad. Tampoco estará de más que las empresas dispongan de su propio seguro que garantice este tipo de contingencias.

MANUEL Mª VICENS MATAS

SECRETARIO GENERAL Y ASESOR JURÍDICO DE F.E.T.E.I.A.